Para eso, para ese hecho profundamente político y de trascendentes consecuencias institucionales, no hay discurso. El Gobierno nacional prácticamente no se refiere al asunto. Y como para “eso” de lo que no se habla -justamente- casi no hay palabras, lo que surge, lo que emerge, es el síntoma.

Para todo lo demás, que consiste sustancialmente en lo económico, hay relato. El marco de ese relato es el famoso “no hay plata”, con el que se ha justificado la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, del cual han tenido que hacerse cargo las provincias (pese a que la Nación sigue cobrando el impuesto a los vehículos de alta gama con el cual se costea el Fonid). Pero las justificaciones no se agotan ahí. La eliminación de subsidios (desde la luz hasta el transporte de pasajeros del interior), así como la paralización de la obra pública, se explican, también, en que lo uno y lo otro fueron las grandes fuentes de financiamiento de la corrupción kirchnerista. Los “retornos” de los subsidios constan en la causa “Cuadernos”. Las estafas con la obra pública desembocaron en la condena a seis años de prisión de Cristina Kirchner, en la causa “Vialidad”.

En síntesis, “no hay plata” por culpa de “la casta”.

De este “todo lo demás” económico ha estado atravesada la escena política durante este joven mes de abril. La primera semana del mes ha estado signada por las negociaciones en torno de la nueva versión de la “Ley Ómnibus” con la que insiste el Gobierno nacional. Esa iniciativa que los mandatarios provinciales han resistido, y que ahora amagan con apoyar, aunque con condiciones.

Precisamente, los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron en la Casa Rosada con el ministro del interior, Guillermo Francos. Lo que sucedió antes y después del encuentro, que todos describieron como “cordial”, no fue cordial. La cumbre estuvo precedida por advertencias oficialistas. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, había dicho que si la restricción de fondos derivada del “ajuste” continuaban, considerando la gravosa herencia de las gobernaciones de Alicia Kirchner, los diputados de su distrito no iban a apoyar ninguna “Ley Bases”. La respuesta del Ejecutivo, a través de oficiosos trascendidos, consistió en que si el Gobierno no cuenta con las herramientas contenidas en la norma, no dispondrá de recursos para asistir a las provincias.

Tras el encuentro, los gobernadores dejaron trascender su cautela, contrastante con el optimismo del Gabinete presidencial. Declararon su predisposición a acompañar a la Nación, pero aclaron que esperan detalles sobre la reversión de los cambios en el Impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable clave para las finanzas provinciales. Para dar una idea de su magnitud, el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, estimó que Tucumán podría recibir unos 8.000 millones de pesos mensuales (todo dependerá del mínimo no imponible que se acuerde) si se da marcha atrás con los cambios que introdujo Sergio Massa cuando era ministro y candidato a Presidente.

En esta danza de presiones y expectativas, la Nación sigue ciñendo el torniquete financiero sobre los 24 distritos. Los meses pasan, las planillas salariales se suceden, y las previsiones para mediados de año, entre paritarias y aguinaldos, se vuelven más angustiantes con cada día que pasa. Pero los gobernadores también reaccionan con planteos judiciales de toda índole. El caso testigo ha sido el de Chubut, que consiguió un amparo para que la Nación no la deje sin subsidio a los ómnibus. Le siguieron otras no sólo con ese planteo, sino también con respecto al Fondo de Incentivo Docente. Y los distritos que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación en los 90, también accionaron respecto de los fondos nacionales para el pago de las jubilaciones. Y a no olvidar el DNU 70/2023, que modifica más de 300 leyes en sus 366 artículos, y que también ha sido objetado judicialmente.

Tarde o temprano, esos expedientes llegarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si el máximo tribunal le diera la razón a las provincias, el proyecto libertario quedaría herido de muerte. El “ajuste” (sin precedentes en la historia, según se jacta el propio presidente Javier Milei) se esfumaría y ello desataría un devastador efecto cascada. Desaparecerían desde el mentado “déficit cero” hasta el prometido fin del cepo cambiario, pasando por las promesas de asistencia especial del Fondo Monetario Internacional y la liberalización progresiva de la economía. Respecto de este escenario tan temido se manifiesta, justamente, el síntoma.

Inconsciente traidor…

El lapsus, es decir, el fallo, el desliz, fue llamado por Sigmund Freud como una “formación del inconsciente”. El sueño comparte esa categoría. Se trata de síntomas que demandan de una traducción. Reclaman ser descifrados.

Milei incurrió en un lapsus por demás revelador en el arranque de abril. Compartió en su cuenta de la red social “X” (es decir retuiteó, en los términos de cuando se llamaba “Twitter”) un artículo de Alberto Benegas Lynch (h) publicado en el diario La Nación, que hace un balance sobre la gestión del jefe de Estado. “Un resumen telegráfico sobre el presidente Milei” se titula la columna del diputado nacional, que contiene numerosos elogios al Gobierno. Pero también una crítica impiadosa: “Me alarma que se haya propuesto algún juez que aparenta ser la contracara de Alberdi”, manifestó. No hacía falta que mencionara con nombre y apellido a Ariel Lijo, nominado por el Presidente para ser vocal -precisamente- de la Corte Suprema de la Nación, para que se supiese de quién hablaba.

Para la nominación de Lijo no hay relato, porque su postulación es la falacia del discurso libertario. Salvo que Milei crea que su Gobierno es una suerte de Jordán que redime la existencia de la clase dirigente argentina, no se entiende cómo se puede despotricar contra “la casta” y, a la vez, proponer para el máximo tribunal a un magistrado que encarna acabadamente la representación de “la casta” judicial, como se avisó aquí en “Otra promo ‘2x1’ del Gobierno liberatario”.

El lapsus, el acto fallido (coloquialmente llamado “traición del inconsciente”), expone una verdad reprimida por el propio Presidente. Al final, Milei, que impulsa un juez cuyo proceder lo coloca en las antípodas del ideario alberdiano, busca el control del Poder Judicial. Y ello es la contracara de la república que la Constitución Nacional, inspirada por Alberdi, estatuye como forma de gobierno.

El lapsus de Milei al compartir (y, con ello, validar) la crítica lapidaria de Benegas Lynch (h) contra Lijo expone que la postulación de Lijo es el lapsus del Gobierno libertario. Dicho de otro: que el discurso oficial se funde en denunciar a “la casta”, a la vez que en los hechos se promueve a un “juez de la casta” para la Corte, es la contracara del liberalismo. Y es el más vívido retrato de “la casta”.